La Fiscalía General del Estado español comparte el criterio de la Oficina Anticorrupción de que al menos por el momento no existe dato alguno que indique que la infanta doña Cristina de Borbón, segunda hija de los reyes de España estuviese al tanto de las presuntas irregularidades cometidas por su marido, Iñaki Urdangarín, en el llamado "caso Nóos", y más concretamente a través de la empresa Aizoon, de la que el matrimonio es propietario.
Por tanto, considera que no es necesario que Cristina sea sometida a una investigación, tal como pedía el abogado Fernando Pamos, quien presentó una denuncia directamente ante la Fiscalía General sin que el fiscal encargado del caso tuviera conocimiento de la misma.
En su escrito, la Fiscalía General explica que no se ha demostrado que la infanta conociera las actividades irregulares de la firma. «La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción», asegura en su informe, en el que añade que la denuncia se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de hechos» que permita investigar a doña Cristina.
En su escrito, la Fiscalía General explica que no se ha demostrado que la infanta conociera las actividades irregulares de la firma. «La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción», asegura en su informe, en el que añade que la denuncia se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de hechos» que permita investigar a doña Cristina.
«En ningún momento se describe una conducta que resulte incardinable en ningún tipo penal», y además la denuncia no se acompaña de «la más mínima concreción acerca de ninguna forma de participación o intervención» en ninguna de las actuaciones supuestamente irregulares.
Fuentes del caso precisaron que «por el momento no hay un solo indicio que incrimine a la Infanta, por lo que si no aparece ningún elemento nuevo, lo que no parece probable, no tiene ningún sentido llamarla a declarar.
Fuentes del caso precisaron que «por el momento no hay un solo indicio que incrimine a la Infanta, por lo que si no aparece ningún elemento nuevo, lo que no parece probable, no tiene ningún sentido llamarla a declarar.
Y tampoco parece lógico que el Duque de Palma, en su declaración del 25 de febrero, pueda decir que su mujer tenía conocimiento de los hechos y participó en ellos, sino que se supone que la exonerará de toda responsabilidad».
Pero es que además, según explican las mismas fuentes, en el hipotético caso de que fuese necesario llamarla a declarar solo tendría sentido que lo hiciese como imputada, ya que si se la cita como testigo podría alegar el parentesco para no responder a las preguntas.
«Que quede claro que no hay trato de favor», sostienen las fuentes consultadas. «Cuando no hay elementos sólidos contra alguien no se pueden adoptar decisiones de forma gratuita. Se dice que utilizó la cuenta de su empresa para gastos particulares, pero eso no es delito».
«Que quede claro que no hay trato de favor», sostienen las fuentes consultadas. «Cuando no hay elementos sólidos contra alguien no se pueden adoptar decisiones de forma gratuita. Se dice que utilizó la cuenta de su empresa para gastos particulares, pero eso no es delito».
Y añaden: «Muchas veces las mujeres figuran como administradoras de una empresa de su marido y en realidad son amas de casa... En este caso, Doña Cristina ni siquiera es administradora. Para llamarla a declarar hay que demostrar que conocía el origen del dinero y que sabía que tenía una procedencia ilícita. Y nadie está en condiciones de hacerlo».
A juicio del abogado, los hechos podrían constituir delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil.
En la denuncia, de ocho páginas, se solicitaba al Ministerio Público que "desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles" ante la ley y se califica de "imposible" que la Infanta "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como para acumular semejante patrimonio".
"Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda", concluía Fernando Pamos el escrito presentado.
"Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda", concluía Fernando Pamos el escrito presentado.
