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Luego de más de tres años de investigaciones, Iñaki Urdangarín, yerno del rey de España se convirtió este sábado en el primer miembro de la Familia Real Española que declara ante un juez en calidad de imputado y como cualquier ciudadano. La cita tuvo lugar a las 9 de la mañana (hora española) en los Juzgados de Palma (Islas Baleares), rodeado de cientos de personas que gritaban fuertes consignas contra el duque y la monarquía, o a favor de la república.
Ante el juez, Urdangarín tuvo la oportunidad de defenderse ante el juez José Castro de las acusaciones que pesan sobre él: falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en esta pieza separada del caso Palma Arena, una de las 26 que componen la causa. Según fuentes judiciales, hasta 60 abogados -casi todos los involucrados del "Caso Palma Arena"- pidieron estar presentes en la declaración.
Las sumas que están en juego no se conocen, pero según el diario El Mundo, 17 millones de euros podrían haberse volatilizado entre las actividades de Urdangarin y de su ex socio, Diego Torres, ya inculpado. “Hay tal cúmulo de pruebas que en condiciones normales yo creo que corre serio riesgo de ser condenado a penas de cárcel elevadas”, añade el diario.
Además de los fondos púlicos, Nóos captó millones de euros procedentes de empresas privadas, incluidos clubes de fútbol, aerolíneas o la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
El juez José Castro investiga a Urdangarín y a una veintena de personas más por el supuesto uso irregular de fondos por parte del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que percibió 5,8 millones de organismos públicos.
Además, el sindicato "Manos Limpias" afirma que pedirá medidas cautelares para el yerno del rey, como puede ser la retirada de pasaporte o el depósito de una fianza de 5 millones de euros.
Además, piden que se investigue a la infanta Cristina por su participación en los negocios de Iñaki. “Vivian juntos”, destaca la periodista Pilar Urbano. "La infanta Cristina no sabía nada de esto, es posible, pero el aumento de su fortuna personal, todo eso no puede ser ignorado por una cónyuge que está muy unida a su marido".
El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano afirmó que no tendría ningún inconveniente en que Urdangarín ingresase en prisión en caso de que la Justicia concluya que cometió algún delito. "La gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. Y si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete", dijo.
Mientras tanto, el portavoz y abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, reiteró la inocencia del yerno real pero destacó que "pedirá las disculpas que le correspondan" si es necesario. "Si él ha hecho cosas que no son correctas, las reconocerá y en su caso pedirá las disculpas que correspondan", señaló Pascual Vives.
Urdangarín volvió esta semana desde Washington a Madrid, hospedándose en su apartamento del palacio de La Zarzuela, donde viven sus suegros los reyes. Se dice, sin embargo, que no se encontró con el rey porque el monarca no quiere saber nada de su yerno.
A su llegada a los Juzgados, Urdangarin hizo unas breves declaraciones a los periodistas en las que defendió su inocencia y su honor, y afirmó que acude a la Justicia para aclarar la verdad de los hechos.
"Comparezco para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional", admitió con rostro tenso. "Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo”.
Poco después de las 9.00 de la mañana de hoy, Iñaki Urdangarín comenzó a explicar ante el juez acerca de su vinculación, tanto en calidad de socio como de administrador, con las empresas investigadas. Entre las principales declaraciones, admitió que la Casa del Rey le instó en 2006 a que abandonara sus negocios privados.
Según fuentes judiciales, Urdangarin respondió siempre con "evasivas y generalidades" y con algunas respuestas que se remiten a "pasó hace mucho y no me acuerdo". Otras fuentes jurídicas explicaron que el duque contestó con entereza y "muy bien" a las preguntas que a lo largo de la mañana le está formulando el juez José Castro.
El yerno del rey aseguró que se desvinculó totalmente del "Instituto Nóos" en marzo de 2006, por lo que descargó la responsabilidad de todas las decisiones adoptadas desde esa fecha en su antiguo socio, Diego Torres: "Yo no era el administrador ni emitía facturas".
Una y otra vez, Urdangarin insistió en que su labor en Nóos era meramente institucional, y se dedicaba a prestar su imagen para la organización que se definía como "sin ánimo de lucro".
Además, a lo largo del minucioso interrogatorio, el duque admitió haberse reunido en el Palacio de Marivent, en 2003, con el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, a fin de negociar la posibilidad de que el gobierno autonómico patrocinase el equipo ciclista Banesto, que tras esta operación adoptaría el nombre Illes Balears-Banesto. Los investigadores apuntan a que, para ello, Urdangarín exigió 300.000 euros al Govern.
Urdangarín llegó caminando a los juzgados, haciendo caso omiso a un alarmante informe policial, que hablaba de riesgo, de la presencia de "radicales" y "colectivos violentos" en la zona, de posibles "problemas de orden público", hipotéticos lanzamientos de objetos e, incluso, de algún tipo de acción sorpresa para "ridiculizar" al imputado.
El miedo de la Policía eran las tres manifestaciones que coincidirían con la entrada del duque al tribunal, convocadas por los independentistas catalanes del grupo "Maulets", antimonárquicos e izquierdistas. Frente a ellos, el ministerio del Interior desplegó hasta 160 miembros de las fuerzas antidisturbios.
De hecho, el exterior del edificio centenares de manifestantes se mantuvieron todo el día a la espera de que Urdangarin saliera del Juzgado. Las protestas hacen hincapié en las críticas al imputado y a la institución de la monarquía. En su mayoría por grupos organizados de tendencia independentistas y a favor de la república.
Según la cadena TVE, se produjo un altercado cuando una persona de unos 60 años lanzó dos huevos contra el auto en el que Iñaki se desplazaba desde el Palacio de Marivent hasta los juzgados de Palma.
En la calle del Juzgado, fue recibido por los abucheos y gritos de un centenar de manifestantes, que coreaban lemas como "Cuidado con la cartera, llega Urdangarin", "Chorizo, chorizo", "Fuera, fuera la corona española", o "Viva la República", o agitaban pancartas con lemas tales como "Monarquía=Corrupción".
Sesenta medios de comunicación (entre ellos CNN y Al-Jazeera) acreditaron un total de 350 personas, entre redactores, reporteros gráficos y técnicos para cubrir la llegada y salida del marido de la infanta Cristina en el Juzgado. En las cercanías, los vecinos armaron kioscos para ofrecer comidas y bebidas a los periodistas, y hasta les alquilaron balcones a los por entre 1.000 y 1.500 euros.
El escándalo, sin precedentes, arroja sospechas envueltas en malestar en torno a la imagen de la Monarquía española. “Es una situación preocupante que ha ido creándose un malestar, una sensación de inquietud social porque realmente afecta a la primera institucion de este pais, a la primera familia de este pais, a la corona”, sostiene Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la Familia Real.
El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano afirmó que no tendría ningún inconveniente en que Urdangarín ingresase en prisión en caso de que la Justicia concluya que cometió algún delito. "La gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. Y si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete", dijo.
Mientras tanto, el portavoz y abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, reiteró la inocencia del yerno real pero destacó que "pedirá las disculpas que le correspondan" si es necesario. "Si él ha hecho cosas que no son correctas, las reconocerá y en su caso pedirá las disculpas que correspondan", señaló Pascual Vives.
Urdangarín volvió esta semana desde Washington a Madrid, hospedándose en su apartamento del palacio de La Zarzuela, donde viven sus suegros los reyes. Se dice, sin embargo, que no se encontró con el rey porque el monarca no quiere saber nada de su yerno.
A su llegada a los Juzgados, Urdangarin hizo unas breves declaraciones a los periodistas en las que defendió su inocencia y su honor, y afirmó que acude a la Justicia para aclarar la verdad de los hechos.
"Comparezco para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional", admitió con rostro tenso. "Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo”.
Poco después de las 9.00 de la mañana de hoy, Iñaki Urdangarín comenzó a explicar ante el juez acerca de su vinculación, tanto en calidad de socio como de administrador, con las empresas investigadas. Entre las principales declaraciones, admitió que la Casa del Rey le instó en 2006 a que abandonara sus negocios privados.
Según fuentes judiciales, Urdangarin respondió siempre con "evasivas y generalidades" y con algunas respuestas que se remiten a "pasó hace mucho y no me acuerdo". Otras fuentes jurídicas explicaron que el duque contestó con entereza y "muy bien" a las preguntas que a lo largo de la mañana le está formulando el juez José Castro.
El yerno del rey aseguró que se desvinculó totalmente del "Instituto Nóos" en marzo de 2006, por lo que descargó la responsabilidad de todas las decisiones adoptadas desde esa fecha en su antiguo socio, Diego Torres: "Yo no era el administrador ni emitía facturas".
Una y otra vez, Urdangarin insistió en que su labor en Nóos era meramente institucional, y se dedicaba a prestar su imagen para la organización que se definía como "sin ánimo de lucro".
Además, a lo largo del minucioso interrogatorio, el duque admitió haberse reunido en el Palacio de Marivent, en 2003, con el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, a fin de negociar la posibilidad de que el gobierno autonómico patrocinase el equipo ciclista Banesto, que tras esta operación adoptaría el nombre Illes Balears-Banesto. Los investigadores apuntan a que, para ello, Urdangarín exigió 300.000 euros al Govern.
Urdangarín llegó caminando a los juzgados, haciendo caso omiso a un alarmante informe policial, que hablaba de riesgo, de la presencia de "radicales" y "colectivos violentos" en la zona, de posibles "problemas de orden público", hipotéticos lanzamientos de objetos e, incluso, de algún tipo de acción sorpresa para "ridiculizar" al imputado.
El miedo de la Policía eran las tres manifestaciones que coincidirían con la entrada del duque al tribunal, convocadas por los independentistas catalanes del grupo "Maulets", antimonárquicos e izquierdistas. Frente a ellos, el ministerio del Interior desplegó hasta 160 miembros de las fuerzas antidisturbios.
De hecho, el exterior del edificio centenares de manifestantes se mantuvieron todo el día a la espera de que Urdangarin saliera del Juzgado. Las protestas hacen hincapié en las críticas al imputado y a la institución de la monarquía. En su mayoría por grupos organizados de tendencia independentistas y a favor de la república.
Según la cadena TVE, se produjo un altercado cuando una persona de unos 60 años lanzó dos huevos contra el auto en el que Iñaki se desplazaba desde el Palacio de Marivent hasta los juzgados de Palma.
En la calle del Juzgado, fue recibido por los abucheos y gritos de un centenar de manifestantes, que coreaban lemas como "Cuidado con la cartera, llega Urdangarin", "Chorizo, chorizo", "Fuera, fuera la corona española", o "Viva la República", o agitaban pancartas con lemas tales como "Monarquía=Corrupción".
Sesenta medios de comunicación (entre ellos CNN y Al-Jazeera) acreditaron un total de 350 personas, entre redactores, reporteros gráficos y técnicos para cubrir la llegada y salida del marido de la infanta Cristina en el Juzgado. En las cercanías, los vecinos armaron kioscos para ofrecer comidas y bebidas a los periodistas, y hasta les alquilaron balcones a los por entre 1.000 y 1.500 euros.
El escándalo, sin precedentes, arroja sospechas envueltas en malestar en torno a la imagen de la Monarquía española. “Es una situación preocupante que ha ido creándose un malestar, una sensación de inquietud social porque realmente afecta a la primera institucion de este pais, a la primera familia de este pais, a la corona”, sostiene Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la Familia Real.
El coordinador federal del Partido Izquierda Unida, Cayo Lara, llamó hoy la atención sobre que mientras que este sábado se sienta en el banquillo "un presunto culpable" que "se aposenta en los palacios públicos" hay personas a las que "se están echando de sus casas" por no poder "pagar sus casas" al "perder su empleo". Por eso, Lara exige que "los presuntos culpables no estén en los palacios públicos de todos los ciudadanos".
Darío Silva D'Andrea