Se trata de la primera vez que el Parlamento Español admite trasladar al Gobierno preguntas del partido ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) sobre el funcionamiento de la Casa Real, presupuestos viajes y otras cuestiones.
Por primera vez desde la instauración de la Monarquía Española, en 1975, son puestas en tela de juicio, por diferentes facciones políticas, los métodos de financiamiento, funcionamiento y procedimientos de la Corona. ERC, así como el partido Izquierda Unida, admiten que la Casa del Rey tiene la obligación de informar en detalle todos los aspectos de su vida institucional y asuntos privados, como negocios y viajes.
Su decisión conlleva, sin embargo, el veto a otras cuarenta preguntas que no han pasado el filtro de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, que tiene que calificar todas las iniciativas y donde están representados los partidos PP, PSOE y CiU.
Entre las 36 preguntas vetadas por la comisión parlamentaria destacan aquellas que tenían como objetivo que el Gobierno detallara quién paga los trajes que utilizan los miembros de la Familia Real, dónde van a parar los regalos que reciben, cuál es cuantía del sueldo que percibe el Príncipe y, en su caso, las Infantas, y su opinión sobre si se hubieran podido prevenir las presuntas actuaciones delictivas del duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
Entre las preguntas no aceptadas hay una relativa a Iñaki Urdangarín: "¿Cree el Gobierno español que, si hubiera transparencia y fiscalización de las cuentas de la Familia Real, se hubiera podido prevenir la presunta actuación delictiva de uno de sus miembros?".
Sin embargo, el diputado de ERC sí tendrá noticia sobre otros aspectos de las repercusiones de este caso. Por ejemplo, en el Congreso se responderá a la cuestión: "¿Considera el Gobierno, ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones que puede suponer tal caso (por el Nóos) para el deterioro de la institución monárquica, necesario informar prontamente al Congreso sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembro de la Familia Real?".
La parte del cuestionario que no pasó el filtro del órgano de gobierno fue difundido este jueves por ERC, que se queja de la "escasa argumentación" con la que la Comisión (o Mesa del Congreso) despachó estos escritos. Las preguntas fueron rechazadas por versar sobre materias "estrictamente jurídicas", aludir a asuntos que no son competencia del Gobierno o ambas cosas a la vez.
El paquete más numeroso lo componen un total de 25 preguntas inadmitidas por ser ajenas a la competencia gubernamental. Ahí se incluye una que mencionaba expresamente la "presunta actuación delictiva de uno de los miembros de la Familia Real" y con la que se pedía saber si, según el Gobierno, el 'caso Urdangarín' podría haberse prevenido si las cuentas de la Casa del Rey fueran transparentes y se sometieran a fiscalización.
Con el mismo argumento se frenaron las que indagaban sobre la cuantía de los sueldos del heredero y, si los tienen, de doña Cristina y doña Elena, qué tipo de declaración de la renta hace la Familia Real, cuántos de sus miembros cobran una retribución con cargo a los Presupuestos, cuántos la reciben al margen de los mismos y todos los "ingresos monetarios" ajenos a las cuentas estatales que perciben.
Igualmente, ERC preguntaba si la Monarquía paga por la luz, el agua y el teléfono, los servicios sanitarios y educativos que recibe y el mantenimiento de sus títulos nobiliarios, o si disfruta de algún trato de favor por parte de aquellas firmas que publicitan, con su consentimiento, que son proveedoras de la Casa del Rey.
"Conocimiento por parte del Gobierno sobre la cuantía de la fortuna personal del Jefe del Estado", es el enunciado de otra de las preguntas vetadas.
La parte del cuestionario que no pasó el filtro del órgano de gobierno fue difundido este jueves por ERC, que se queja de la "escasa argumentación" con la que la Comisión (o Mesa del Congreso) despachó estos escritos. Las preguntas fueron rechazadas por versar sobre materias "estrictamente jurídicas", aludir a asuntos que no son competencia del Gobierno o ambas cosas a la vez.
El paquete más numeroso lo componen un total de 25 preguntas inadmitidas por ser ajenas a la competencia gubernamental. Ahí se incluye una que mencionaba expresamente la "presunta actuación delictiva de uno de los miembros de la Familia Real" y con la que se pedía saber si, según el Gobierno, el 'caso Urdangarín' podría haberse prevenido si las cuentas de la Casa del Rey fueran transparentes y se sometieran a fiscalización.
Con el mismo argumento se frenaron las que indagaban sobre la cuantía de los sueldos del heredero y, si los tienen, de doña Cristina y doña Elena, qué tipo de declaración de la renta hace la Familia Real, cuántos de sus miembros cobran una retribución con cargo a los Presupuestos, cuántos la reciben al margen de los mismos y todos los "ingresos monetarios" ajenos a las cuentas estatales que perciben.
Igualmente, ERC preguntaba si la Monarquía paga por la luz, el agua y el teléfono, los servicios sanitarios y educativos que recibe y el mantenimiento de sus títulos nobiliarios, o si disfruta de algún trato de favor por parte de aquellas firmas que publicitan, con su consentimiento, que son proveedoras de la Casa del Rey.
"Conocimiento por parte del Gobierno sobre la cuantía de la fortuna personal del Jefe del Estado", es el enunciado de otra de las preguntas vetadas.
La misma suerte han corrido las que aludían a las residencias que tiene la familia para su uso y disfrute, el pago de su trajes o lo que importan o exportan en sus viajes en la denominada "valija diplomática".
También en relación con los viajes oficiales del Rey, los independentistas catalanes reclamaban saber quién decide las personas que le acompañan, en qué ámbitos empresariales se sitúan sus acompañantes de los últimos cinco años y si ha viajado en ese periodo con "personas con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos".
Respecto a los obsequios y donaciones que reciben los miembros de la Familia Real, el objetivo de las cuestiones "prohibidas" era conocer qué criterios se siguen para que éstos acaben formando o no parte del Patrimonio Nacional o si existe un registro, ya sea público o privado, de las donaciones que recibe la familia.
La Mesa del Congreso tampoco responderá las preguntas sobre las funciones que realiza el Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, sus acciones en favor de la difusión y protección de la lengua y culturas catalana, gallega y vasca, o quién decide sobre los festivos y periodos vacacionales del jefe del Estado.
Las relaciones del Gobierno con el interventor de la Casa del Rey y la fiscalización de los ingresos y gastos presupuestarios de la familia, o la razón por la que no son públicos y ni siquiera se informa en la Comisión de Secretos Oficiales sobre sus sueldos, bienes, y gastos es el contenido de otros de los escritos vetados.
Por último, aunque no se responderán varias preguntas sobre el hecho de que los contenidos de la página web de la Casa del Rey no estén en las lenguas cooficiales, sí superaron la prueba otras en las que se pregunta al Gobierno si va a ayudar al rey Juan Carlos y al príncipe de Asturias a aprender catalán, gallego o euskera.
También en relación con los viajes oficiales del Rey, los independentistas catalanes reclamaban saber quién decide las personas que le acompañan, en qué ámbitos empresariales se sitúan sus acompañantes de los últimos cinco años y si ha viajado en ese periodo con "personas con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos".
Respecto a los obsequios y donaciones que reciben los miembros de la Familia Real, el objetivo de las cuestiones "prohibidas" era conocer qué criterios se siguen para que éstos acaben formando o no parte del Patrimonio Nacional o si existe un registro, ya sea público o privado, de las donaciones que recibe la familia.
La Mesa del Congreso tampoco responderá las preguntas sobre las funciones que realiza el Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, sus acciones en favor de la difusión y protección de la lengua y culturas catalana, gallega y vasca, o quién decide sobre los festivos y periodos vacacionales del jefe del Estado.
Las relaciones del Gobierno con el interventor de la Casa del Rey y la fiscalización de los ingresos y gastos presupuestarios de la familia, o la razón por la que no son públicos y ni siquiera se informa en la Comisión de Secretos Oficiales sobre sus sueldos, bienes, y gastos es el contenido de otros de los escritos vetados.
Por último, aunque no se responderán varias preguntas sobre el hecho de que los contenidos de la página web de la Casa del Rey no estén en las lenguas cooficiales, sí superaron la prueba otras en las que se pregunta al Gobierno si va a ayudar al rey Juan Carlos y al príncipe de Asturias a aprender catalán, gallego o euskera.
