Políticos de izquierda piden sacar a la familia del rey Juan Carlos del "limbo jurídico". Apuestan por la creación del "Estatuto y fuero de la Corona".
Políticos de izquierda piden sacar a la familia del rey Juan Carlos del "limbo jurídico". Apuestan por la creación del "Estatuto y fuero de la Corona".
Desde que el polémico "caso Urdangarin" salió a la luz pública, desde todos los ámbitos de la sociedad española se discute sobre la necesidad de una nueva legislación que regule el comportamiento de la Monarquía, una ley que nunca llegó en democracia y a la que siempre se mostraron renuentes los partidos políticos gobernantes, el PP y el PSOE.
No así el Partido Izquierda Unida (IU), que ahora, mediante su portavoz de Justicia, el diputado Gaspar Llamazares, pide sacar de su "limbo jurídico" a la Casa Real y promover por ley la creación del Estatuto y fuero de la Corona, de los miembros de la familia real y de los parientes del monarca.
Esta legislación serviría para detallar las funciones del Rey, la Reina, el Príncipe Heredero, y demás infantes, tasar las incompatibilidades y restringir sus negocios privados. Es decir, dotar a la Jefatura del Estado de una legislación similar a la que tienen otras altas instituciones del reino.
Llamazares señala que el caso de corrupción en el que está involucrado Iñaki Urdangarin prueba las "insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación existente", muy vaga, hasta el punto de que se hace "difícil" el control de las actividades y negocios de la familia real.
Llamazares recordó que en las últimas semanas están apareciendo "informaciones contradictorias que lo que vienen a demostrar son las insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación hoy existente, que queda más al albur de interpretaciones que dé la claridad que exigen cuestiones de Estado como ésta".
Además, el parlamentario de IU subrayó que "la Corona carece de ley que establezca y desarrolle, como ocurre con las demás instituciones del Estado, su estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas, lo que hace mucho más difícil la valoración y control efectivo de sus actividades en un Estado de derecho como el que nos hemos dotado, así como la ineludible necesidad de transparencia de todos sus miembros tanto en el ámbito público que desarrollan como en el privado".
IU reclama asimismo que se modifique el Real Decreto 1368/1987, del 6 de noviembre de 1987, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, que incluye a los consortes de los hijos del Rey "mientras lo sean o permanezcan viudos", lo que va en contra de recientes cambios sugeridos desde la propia Casa Real en la situación en que ha quedado en la actualidad alguno de sus miembros.
Su modificación debería servir, a juicio de IU, para aclarar quiénes integran la familia real y cómo pueden ser apartados de la misma. El rey excluyó en diciembre al duque de Palma de la agenda oficial, pero no puede excluirlo de la Casa Real, pues es consorte de una infanta con derechos sucesorios, doña Cristina de Borbón.
El texto señala también, por ejemplo, que el Código Penal, en su artículo 485, prevé una protección específica para la Familia Real, y la Constitución Española, en su artículo 56.3, establece que sólo "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Por último, Llamazares pide desarrollar la Constitución y cambiar las leyes del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas para garantizar una mayor transparencia y vigilancia de las declaraciones de intereses, patrimonio y actividades de todos los integrantes de la Familia Real.
Hace unas semanas, tras hacerse pública la utilización de la asignación constitucional que recibe anualmente la Casa Real, el coordinador general de IU, Cayo Lara, exigió que los distintos ministerios (Defensa, Exterior, etc.) que también destinan dinero público a la Monarquía hagan públicas esas cantidades.
No así el Partido Izquierda Unida (IU), que ahora, mediante su portavoz de Justicia, el diputado Gaspar Llamazares, pide sacar de su "limbo jurídico" a la Casa Real y promover por ley la creación del Estatuto y fuero de la Corona, de los miembros de la familia real y de los parientes del monarca.
Esta legislación serviría para detallar las funciones del Rey, la Reina, el Príncipe Heredero, y demás infantes, tasar las incompatibilidades y restringir sus negocios privados. Es decir, dotar a la Jefatura del Estado de una legislación similar a la que tienen otras altas instituciones del reino.
Llamazares señala que el caso de corrupción en el que está involucrado Iñaki Urdangarin prueba las "insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación existente", muy vaga, hasta el punto de que se hace "difícil" el control de las actividades y negocios de la familia real.
Llamazares recordó que en las últimas semanas están apareciendo "informaciones contradictorias que lo que vienen a demostrar son las insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación hoy existente, que queda más al albur de interpretaciones que dé la claridad que exigen cuestiones de Estado como ésta".
Además, el parlamentario de IU subrayó que "la Corona carece de ley que establezca y desarrolle, como ocurre con las demás instituciones del Estado, su estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas, lo que hace mucho más difícil la valoración y control efectivo de sus actividades en un Estado de derecho como el que nos hemos dotado, así como la ineludible necesidad de transparencia de todos sus miembros tanto en el ámbito público que desarrollan como en el privado".
IU reclama asimismo que se modifique el Real Decreto 1368/1987, del 6 de noviembre de 1987, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, que incluye a los consortes de los hijos del Rey "mientras lo sean o permanezcan viudos", lo que va en contra de recientes cambios sugeridos desde la propia Casa Real en la situación en que ha quedado en la actualidad alguno de sus miembros.
Su modificación debería servir, a juicio de IU, para aclarar quiénes integran la familia real y cómo pueden ser apartados de la misma. El rey excluyó en diciembre al duque de Palma de la agenda oficial, pero no puede excluirlo de la Casa Real, pues es consorte de una infanta con derechos sucesorios, doña Cristina de Borbón.
El texto señala también, por ejemplo, que el Código Penal, en su artículo 485, prevé una protección específica para la Familia Real, y la Constitución Española, en su artículo 56.3, establece que sólo "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Por último, Llamazares pide desarrollar la Constitución y cambiar las leyes del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas para garantizar una mayor transparencia y vigilancia de las declaraciones de intereses, patrimonio y actividades de todos los integrantes de la Familia Real.
Hace unas semanas, tras hacerse pública la utilización de la asignación constitucional que recibe anualmente la Casa Real, el coordinador general de IU, Cayo Lara, exigió que los distintos ministerios (Defensa, Exterior, etc.) que también destinan dinero público a la Monarquía hagan públicas esas cantidades.
Según Lara, si el monarca hubiera actuado contra el duque de Palma nada más conocer sus negocios habría sido "aplaudido" por los ciudanos, incluso por aquellos que no son monárquicos. "Tenía que haber actuado hace una ´jartá´ de años", apuntó Lara.
Este político está seguro que con la imputación de Iñaki Urdangarin por presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Nóos se está imputando a “algo más que a una persona” y la ha hecho extensiva a “los silencios y posibles encubrimientos”.
“Se estaban investigando las actividades del señor Urdangarin desde hace ya varios años y de esto no han tenido conocimiento los españoles”, aseguró Lara, que añadió que este es un asunto que tiene “mucha gravedad”, ya que se trata de “la más alta institución del Estado”.
Por su parte, Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, lamentó públicamente que la transparencia financiera de la monarquía no haya llegado por voluntad propia sino que haya tenido que salir a la luz pública el escándalo que involucra a Iñaki Urdangarín.
El partido no se olvida de la infanta Cristina, quien, según los representantes de IU, debería tomar la iniciativa para aclarar qué funciones tenía dentro del Instituto Nóos, de cuyo consejo de administración formaba parte, y cuál era su vinculación con la empresa Aizoon, al parecer una de las principales beneficiarias del desvío de fondos públicos recibidos por la entidad que presidía su marido.
José Luis Centella, diputado de IU, animó a doña Cristina a convertirse en parte acusadora del proceso si alguien abusó de su confianza o utilizó su nombre para actividades irregulares. El politico afirma estar sorprendido del "silencio" en el que se instaló la hija del rey desde que su marido fue imputado.
Por su parte, Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, lamentó públicamente que la transparencia financiera de la monarquía no haya llegado por voluntad propia sino que haya tenido que salir a la luz pública el escándalo que involucra a Iñaki Urdangarín.
El partido no se olvida de la infanta Cristina, quien, según los representantes de IU, debería tomar la iniciativa para aclarar qué funciones tenía dentro del Instituto Nóos, de cuyo consejo de administración formaba parte, y cuál era su vinculación con la empresa Aizoon, al parecer una de las principales beneficiarias del desvío de fondos públicos recibidos por la entidad que presidía su marido.
José Luis Centella, diputado de IU, animó a doña Cristina a convertirse en parte acusadora del proceso si alguien abusó de su confianza o utilizó su nombre para actividades irregulares. El politico afirma estar sorprendido del "silencio" en el que se instaló la hija del rey desde que su marido fue imputado.
