4 de enero de 2012

¿Protege la prensa española a la Casa Real?


Acostumbrada al trato cauteloso de los periodistas, la Corona de España intenta contener desde hace semanas los posibles daños a su imagen causados por el caso de supuesta corrupción que afecta al yerno del rey





Acostumbrada al trato cauteloso de los periodistas, la Corona de España intenta contener desde hace semanas los posibles daños a su imagen causados por el caso de supuesta corrupción que afecta al yerno del rey.

Pero para gestionar la crisis, el rey Juan Carlos I cuenta con el respeto ganado por su historia, la protección de la ley y algunos creen que también con periodistas poco incisivos.

Cuando España realizó su transición a la democracia, se asentó la idea de que la figura del rey simboliza la unidad del Estado, según explican juristas españoles.

La Constitución española de 1978 consagra esa visión y le exime de responsabilidad ante los tribunales al otorgarle la "inviolabilidad".

Desde entonces, señalan los constitucionalistas, se considera que atacar al rey es atacar al Estado.

Hay quien cree que debido en parte a estas premisas, los periodistas se suelen abstener de publicar informaciones susceptibles de dañar la imagen de la Casa Real.

Pero con el primer caso de presunta corrupción de un miembro de la casa real ha surgido una situación inédita que les ha puesto ante importantes desafíos editoriales.

Iñaki Urdangarin ha sido imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, y aunque el juez no investiga a su esposa, la Infanta Cristina, algunos medios se han preguntado qué conocía ella al ocupar puestos de responsabilidad en las empresas de su marido. Las preguntas sobre la responsabilidad de otros miembros no se detienen ahí.

Los abogados de la Casa Real aconsejaron en 2006 a Urdangarin que abandonase sus actividades al frente del Instituto Noós, una fundación que patrocinaba actividades deportivas, porque consideraron que realizaba funciones que no se ajustaban a sus principios.

"Si la Casa Real sabía que se estaban cometiendo actos delictivos, y no lo denunció, se podría acusar a la corona de colaboración con un delito", valora el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías.

"Tenía la obligación de denunciarlo a la Fiscalía. Y esto sería impresentable ante la opinión pública".

En diciembre, tras conocerse la investigación a Urdangarin, la casa real lo apartó temporalmente de sus actividades y valoró que su comportamiento había sido "no ejemplar".

Más tarde, en lo que fue interpretado como una referencia velada al caso de su yerno, el rey declaró en su discurso de navidad que "la justicia es igual para todos".

Otro gesto que ha sido visto como un esfuerzo por contener críticas ha sido la publicación esta semana por primera vez en 32 años de cuentas detalladas de la Casa Real, US$2 millones, que incluyen el sueldo del rey y el resto de miembros de su familia.

"Juancarlistas"

La mayoría de los españoles suelen dar su visto bueno a la monarquía en las encuestas. Muchos valoran el rechazo de Juan Carlos I al golpe militar de 1981, cuando la democracia daba sus primeros pasos, y se declaran "más juancarlistas, que monárquicos".

Pero un sondeo de principios de diciembre del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas reflejaba que su popularidad cayó por debajo del aprobado.

Las redes sociales han cambiado el escenario. Las críticas y cuestionamientos de la utilidad de la monarquía se difunden ahora con mayor facilidad, opinan algunos.

El diario Público, de línea republicana y con una difusión de más de 80.000 ejemplares, es uno de los medios que más se ha atrevido a poner en cuestión la corona.

"Para nosotros, el rey es un ciudadano más y lo tratamos exactamente igual que a cualquier otra persona que trabaja en una institución pública", le dijo a BBC Mundo Manuel Rico, subdirector del diario.

"Publicamos todo lo que consideramos interesante que provenga de La Zarzuela (el palacio Real) sin ningún tipo de censura", afirma Rico.

"Necesitamos explicaciones, porque la Infanta Cristina figura como vocal en la junta directiva del Instituto Nóos, (que presidía Urdangarin y está siendo investigado por el juez); y es socia al 50% de Aizoon, la empresa objeto de investigación", explica el subdirector de Público, cuyo medio difunde que la infanta podría ser llamada a declarar como testigo.

El profesor Urías cree los periodistas son precisamente los encargados de controlar a la institución real, ante la ausencia de responsabilidad jurídica del monarca. "Pero no lo hacen", opina Urías quien pone como ejemplo el "desentendimiento" de los medios más importantes cuando surgieron en el pasado informaciones comprometedoras para la vida privada del Rey.

Injurias

Carmen Enríquez, corresponsal durante 18 años de la casa real para la televisión pública española (TVE), ha vivido más de media etapa democrática cubriendo la corona: "En los medios serios siempre se ha tratado a la Casa Real con respeto, publicando su actividad institucional".

"También están los que se centran en recalcar los asuntos livianos y eso tergiversa la labor de la corona. Y por otro lado, están los antimonárquicos, que aprovechan la circunstancia actual para meter a toda la familia real en asuntos negativos y poner en cuestión a la institución", añade Enríquez.

Esos antimonarquicos solicitan el fin de los privilegios que tiene el monarca. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por vulnerar la libertad de expresión de un ciudadano vasco que llamó a Juan Carlos I "jefe de los torturadores", y que fue condenado por injurias al rey.

Aún más destacado fue en 2007 la polémica portada de la revista satírica El Jueves, en la que aparecía una ilustración del príncipe Felipe con la princesa Letizia manteniendo relaciones sexuales. Se prohibió la venta de la revista por injurias contra la corona.

Para el juez que llevó el caso se trataba de una situación "claramente denigrante y objetivamente infamante" que menoscababa el prestigio de la corona.

Ese mismo año, dos independendistas catalanes fueron multados con 2.700 euros (cerca de US$3.500) por quemar en un acto público varias imágenes del rey y la reina.

Y en el Artículo 56.1 de la Constitución Española se lee: "El rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia ( ...)". Esta simbología ha provocado también que los independentistas vean en la figura del rey una institución que no les representa.

La corresponsal de la casa del rey en el periódico de tradición monárquica ABC, Almudena Martínez-Fornés, no cree que la familia real esté sobreprotegida de los casos de corrupción.

"Al revés, se es más exigente con ellos", repone. "Lo que pasa es que el caso de Urdangarin es inédito por una cuestión: es la primera vez que un miembro de la familia real está bajo sospecha en un caso de corrupción, según nos han contrastado varios historiadores". BBC Mundo




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